Por Gilberto Anticona.
El debate político, como técnica de comunicación directa o virtual, suele ser una de las mejores armas que pueden disponer los candidatos para mostrarse y convencer a grandes audiencias en épocas electorales.
De su habilidad para presentar sus propuestas en lenguaje claro y sencillo, han surgido los grandes caudillos y líderes que han ganado presidencias y otros cargos importantes en diferentes organizaciones internacionales.
Todos recuerdan en Estado Unidos el debate entre los aspirantes John F. Kennedy (Demócrata) y Richard Nixon (Republicano) de 1960, en que el primero de los citados derrotó ampliamente al segundo, no solo a nivel de imagen personal, sino también argumentativa y conocimientos temáticos.
En Perú son recordados los debates de Alberto Fujimori y Mario Vargas llosa de 1990, y el de Alejandro Toledo y Alan García en 2001, en que dos bisoños candidatos se hicieron de la presidencia de Perú, sin tener grandes conocimientos sobre cultura general ni dotes espectaculares de oratoria, sino simplemente buena memoria del pasado político de sus oponentes y un lenguaje sencillo y horizontal para poder comunicar sus ideas fuerza.
LO QUE QUEDA DEL DEBATE PRESIDENCIAL DE MARZO
¿Alguien recuerda los dos temas puestos en agenda durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, los días 23, 24 y 25 de marzo?
La mayoría puede que sí los recuerde, pero lo que seguramente no recordará es la esencia de dichas propuestas, lo más importante de cada uno de estos dos temas puestos en la palestra: ‘Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad’ e ‘Integridad pública y lucha contra la corrupción’.
Gran parte de los 35 candidatos, unos por su incapacidad, otros por su debilidad para sintetizar sus propuestas, y algunos por su manía de acusetes verbales, dejaron escapar la mejor oportunidad para posicionarse mejor en el imaginario popular y así lograr un mayor impacto entre los votantes, de cara a conseguir un mejor resultado en la lid electoral del 12 de abril.
Hubo de todo en el debate de los días 23, 24 y 25 de marzo; desde quienes proponen la salida de Perú del ámbito de la CIDH, la construcción de megacárceles e inhabilitación de por vida a los funcionarios corruptos, hasta los que plantean leyes de recompensa al estilo Oeste o proclaman un ‘orden’ mortuorio semejante a los 90.
Las pullas y acusaciones también formaron parte del debate (mal planteado y con tiempos inadecuados), y quien ‘impactó’ por su lenguaje mordaz y de estilete fue, de lejos, el integrante del Frente Esperanza, Fernando Olivera, quien no solo, se olvidó de los temas de la polémica en ciernes, sino que acusó a los candidatos Acuña y Grozo de complicidad con el narcotráfico y socios de Montesinos. Otros igualmente punzantes en cuando a sus acusaciones fueron Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Mesías Guevara (Partido Morado), quienes jugaron ping-pong con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien anularon y desubicaron en el debate.
En medio de todo, lo preocupante fue que la inmensa mayoría de los ponentes del debate olvidó pronunciarse a fondo sobre las ocho leyes procrimen aprobadas por el Congreso que favorecen el accionar de criminales y corruptos y limitan el trabajo eficaz de fiscales y jueces, y que de no eliminarse o reformarse, ninguna autoridad política tendrá éxito en el combate de estos grandes flagelos que actualmente asolan a los peruanos: las extorsiones, el sicariato y la corrupción.
